ANTECEDENTES Y BALANCE
Reseña
histórica
El sistema educativo nacional tiene una larga trayectoria. En Primaria las tradiciones de titulación, concursos, así como los principios de obligatoriedad y gratuidad, vinculada ésta última a la universalización de la matrícula, entre otros, provienen del siglo XIX.
Nuestro sistema educativo se ha estructurado bajo la figura de ENTES AUTÓNOMOS. Esta estructura es única en el mundo, evitando que la educación esté a merced de los vaivenes del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Educación y Cultura. Ya José Pedro Varela innovó planteando que el sistema educativo fuera autónomo, no dependiente del Ministerio de Instrucción Pública.
Actualmente hay dos entes autónomos de enseñanza: ANEP y Universidad de la República. Antes de la ley 14.101, ley Sanguinetti del año 1972, eran cuatro entes autónomos: el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal que regía la Educación Primaria y la formación de maestros, el Consejo que regía a Enseñanza Secundaria y la formación de profesores, el que correspondía a la Universidad del Trabajo y la formación de sus docentes y el que regía a la Universidad de la República.
Es la ley 14.101 la que suprime entes autónomos y une en uno solo a Primaria, Secundaria y UTU, quitándoles, además de su autonomía, la potestad de formación de sus propios docentes. Es este ente autónomo el tristemente conocido CONAE. Su carácter fue centralizador y autoritario, contando con la férrea oposición de docentes, funcionarios y estudiantes.
En el año 1985, a la salida de la dictadura cívico-militar, se sustituye esta ley por la llamada “ley de emergencia” Nº 15.739, creándose el ente autónomo ANEP, regido por un Consejo, el CODICEN, que en sus funciones reproduce el criterio centralizador instaurado por la ley 14.101. Es por tanto heredero de la concepción del CONAE.
Esta misma ley establece la creación de las Asambleas Técnico-Docentes como organismos asesores y consultivos. Si bien es un paso importante en la participación de los docentes, sus resoluciones no tienen carácter preceptivo y por lo tanto las autoridades de la enseñanza no están obligadas a tenerlas en cuenta.
Reclamamos:
3. que en otros aspectos sus posiciones sean consideradas como insumos para las definiciones que adoptan los Consejos.
Las decisiones que antes de la ley 14.101 estaban en manos de los Consejos autónomos por rama de enseñanza, tanto en lo financiero (ej. distribución de gastos), como en lo técnico (ej. bases de concursos, programas, reglamentos, criterios de ordenamientos, etc.) y en lo administrativo (ej. nombramientos, destituciones, etc.), hoy son potestades del CODICEN.
Esta ley, votada a al salida de la dictadura, con carácter de emergencia, se transformó en permanente (21 años).
En el año 1996, durante el segundo período de gobierno de Julio Mª Sanguinetti, a través de la Ley de Presupuesto se introdujeron una serie de cambios en la educación que constituyen lo que hoy conocemos como “Reforma Rama”. Este proceso de transformación del sistema educativo enmarcado en procesos de reforma del Estado y ajustes de sus estructuras, cuyo principal ejecutor fue Germán Rama, tuvo una matriz común en América Latina inspirada en una concepción neoliberal. Significó ataque y destrucción de la educación, desde Educación Primaria hasta Educación de Adultos, pasando por el Ciclo Básico y los bachilleratos de Secundaria y UTU, y la Formación Docente.
Esta Reforma desconoció a todos los actores directamente involucrados en el hecho educativo, a pesar de las reivindicaciones sindicales y la existencia de las ATD. Estuvo asociado a la creación de gerencias que operaron como estructuras de gobierno paralelas, que actuó directamente en el CODICEN, contratados, sin concurso ni llamado a aspiraciones, con sueldos altamente diferenciados del resto de los trabajadores de la educación, y se instala un lenguaje y organización empresarial en el sistema educativo.
Asimismo la dependencia financiera de los organismos multilaterales de crédito atentó contra la necesaria soberanía en la formulación e implementación del proyecto educativo nacional.
Este proceso desvaloriza y desnaturaliza lo público estatal, materializándose en privatizaciones, tercerizaciones, y la instalación para quedarse de sistemas paralelos (creación de programas, política alimenticia, contratos de obra, etc.). A través del subsidio de la esfera privada se abren las puertas de la educación pública a la ingerencia por ejemplo de las ONGs, invirtiendo horas docentes y dinero en infinidad de proyectos. El sistema público pierde el control sobre las políticas educativas y la definición de prioridades, limitándose a financiar propuestas de dichas ONGs sin evaluarlas en forma directa.
Elemento medular de este proceso fue la creación de distintos programas que dieron lugar a varios organismos paralelos a los institucionales, algunos de los cuales ya han sido institucionalizados: Mejoramiento de la Calidad de Educación Primaria (MECAEP), Mejoramiento de la Enseñanza Media y Formación Docente (MEMFOD), Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria y Formación Docente (MESYFOD),
Convenio UTU – BID. Éstos se transformaron en los hechos en organismos que sustituyeron a los legítimos en las decisiones sobre política educativa.
Por otra parte se desmantelaron áreas como las de Rural y Adultos, y a través de la ejecución de políticas focalizadas se acentuó la fragmentación, favoreciendo la asimetría dentro del sistema (por ejemplo con la creación de escuelas de Tiempo Completo, JICI, categorización de escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico, etc.).
Formación Docente
La formación docente tuvo algunas características que constituyeron una modificación estratégica del lugar que ocupa el docente en el sistema educativo.
1.Rebaja del nivel de la formación, pasándose a un sistema rápido y barato, donde la doble titulación rompe con el título único general y la educación inicial deja de ser una especialización.
2.Plan de estudio fragmentado, con el objetivo de formar un docente simple, ejecutor hábil de teorías elaboradas en otros ámbitos.
3.Planes de estudio donde el docente se ve privado de una formación que le posibilite ser productor de conocimientos en su ámbito específico.
4.Privatización de la formación de postgrado a través de la implementación en el sistema público de cursos de reciclaje y capacitación desjerarquizando al sistema público estatal frente a la formación de postgrado en el sistema privado. Haber negado o pospuesto sistemáticamente el otorgamiento del grado universitario para Maestros.
5.Cambios en la concepción del concurso desacreditándolo como forma privilegiada de acceso a los cargos. Se cambia el sentido del concurso y este pasa a ser más una reacreditación del título con un claro sesgo descalificador de la experiencia profesional acumulada.
Consideraciones
finales.
Desde este punto de vista, es muy importante hacia donde queremos ir como sociedad y cuales deben ser los fundamentos, fines y principios sobre los cuales debe constituirse el proyecto educativo.
Es fundamental que el conocimiento sea considerado como un bien público.
En este sentido la ley debe garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos a los procesos de apropiación y producción del mismo asumiéndose como objetivos de todos los actores sociales y políticos.
Por ende, el país debe priorizar la inversión pública en este aspecto, porque el presente y futuro del país depende en gran parte de ello.
En definitiva debemos insistir en establecer que se destine no menos del 6% del P.B.I. a la Educación, convirtiéndola en Política de Estado y Prioridad Nacional.
3. La FUM - TEP declara su rechazo a las líneas e implementación de las líneas de reforma aplicadas a partir del año 1996 que implicaron entre otros aspectos:
a) Racionalización de recursos a partir del cual los niveles de Educación Común cedieron docentes e infraestructura para la extensión de la Educación Inicial.
b) La política de centralización del CODICEN que anuló en la práctica los escasos márgenes de autonomía de los desconcentrados.
c) La eliminación de políticas de especialización de la Formación Docente sustituyéndola por cursos de “reciclaje”.
Balance
1- Vemos con preocupación cómo se siguen manteniendo líneas presupuestales que condenan a la más absoluta precariedad económica a la educación pública.
Más allá de la promesa de llegar al 4.5% del PBI (avance histórico pero insuficiente) en la actualidad (2006) se ejecutará menos dinero que en 2005.
Esta situación compromete seriamente el destino de la educación en general y particularmente cualquier cambio que se pretenda construir en la nueva Ley de Educación.
2- El Consejo de Educación Primaria es responsable de los procesos de reforma implementados
3- La situación actual demuestra que muchas cosas no han cambiado: continúan gerencias y organismos paralelos dentro de la órbita del CODICEN, algunos se institucionalizaron sin evaluar la necesidad de la función (por ej. ex – UMRE, ahora Dirección de investigación, evaluación y estadísticas del CODICEN). En marzo de 2006 se firma la reestructura del MECAEP III con el Banco Mundial, que finalizaba en 2007 y se extiende ahora el préstamo de más de 40 millones de dólares hasta 2009, con condicionamientos similares en repetición escolar y evaluaciones nacionales e internacionales.
Entre el 1º y el 7 de junio de este año, una delegación del Banco Mundial visitó Uruguay para controlar la marcha del proyecto, demostrando una vez más la ingerencia de los organismos internacionales de préstamo en la educación.
Durante los años 2005 y 2006 se recontrataron a las mismas personas que actuaron en estas gerencias, nombradas por designación directa. (Res. 1 y 2 del Acta Extraordinaria Nº 8 del 30/5/05). En mayo de 2006, en las Actas 30 y 31 aparecen nuevos nombramientos directos por parte del CODICEN: la Dirección de Programas de Salud y Asistencia y la Dirección del Programa de Jóvenes y Adultos, ésta última ya está evaluando nuevas propuestas de ONGS.
Sigue sin existir un cronograma de llamados a Concurso en la órbita del CEP.
Rechazamos esta continuidad de políticas educativas. Pensamos que es hora de que se produzca un cambio.
4- Es fundamental que los cambios pasen entre otros aspectos por:
· designación de recursos en la medida de las necesidades del sistema.
· Distribución de los mismos respetando el principio de igualdad de derechos de los alumnos, atendiendo a cada uno según su necesidad, desterrando las políticas focalizadas con criterios arbitrarios que se plasmaron en:
-
- asignación priorizada de recursos a Educación Inicial, Tiempo Completo, Gerencias de Programas Especiales y ahora Contexto Crítico (en lo que refiere a la arbitrariedad en el criterio) de categorización de las escuelas supeditado a la disponibilidad de los recursos.
- Formación integral de docentes y funcionarios que no se circunscriba a la capacitación. Implementar cursos de post-grado, especialización , formación permanente y actualización.
- Acceso a los cargos por concurso o llamado a aspiraciones, cesando las designaciones directas para todos los cargos docentes y de funcionarios.